Por primera vez baja por debajo del 50% el número de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen la legislación sobre morosidad

Fuerte reducción en los plazos de pago a los transportistas, aunque un 48% de las empresas cargadoras e intermediarias siguen incumpliendo la legislación sobre morosidad

Desde que el pasado mes de Octubre se aprobó por Ley el nuevo régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera, sancionando los incumplimientos en materia de plazos de pago en el sector con multas de hasta 6.000 euros, se ha ido notando una evolución positiva de los plazos máximos de pago a los transportistas por parte de sus clientes.

Esta evolución positiva se ha visto consolidada con una fuerte reducción de los plazos medios de pago en el mes de Agosto, aunque dicha tendencia debe tratarse con cautela al producirse durante el periodo estival en el que tradicionalmente los datos extraídos no se ajustan a la evolución real del resto del año.

Así, es significativa la fuerte reducción en los plazos medios de pago, bajando hasta los 64 días de media, frente a los 75 días del mes anterior, y por tanto muy cerca del plazo legal máximo de pago.

Esto se traduce en una importante reducción asimismo en el número de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen la legislación sobre morosidad, pasando a ser del 48% el porcentaje de cargadores e intermediarios incumplidores, de los que un 36% lo hicieron a más de 90 días e incluso un 17 % a más de 120 días, esto es, a 6 meses.

En cuanto a los medios de pago utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (71%), seguido del confirming (23%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).

Pese a esta mejora, que se espera que no sea coyuntural, sigue siendo necesario continuar la actuación activa por parte de los servicios de inspección para conseguir el pleno cumplimiento y aplicación de la legislación sobre morosidad en el sector del transporte por carretera, ya que si bien se ha podido constatar desde su aprobación una importante reducción aún subsiste un grado significativo de incumplimiento.